Dureza o flexibilización de la ley en algunos países genera polémica. En algunos países es delito.
Paraguay está en la mira del mundo por el caso de una niña de 10 años con un embarazo de seis meses al parecer producto de la violación por parte de su padrastro, quien se encuentra arrestado. Su madre también está detenida, acusada de complicidad, mientras la menor se encuentra en un centro de acogida de la Cruz Roja en Asunción. La legislación no le permite abortar.
Así como el caso de esta menor, en la región se han desatado duras polémicas por las legislaciones que impiden el aborto en algunos países, o la intención de algunos otros de flexibilizarlas a pesar de la oposición de la Iglesia y grupos conservadores.
El caso paraguayo es emblemático. Allí solo se contempla el aborto si la vida de la madre corre peligro. Dado que las autoridades aseguran que no es así, no lo han autorizado, lo que ha provocado la intervención de varias ONG, como Amnistía Internacional (AI), que han emprendido una ardua batalla para proteger los derechos de la menor.
“Forzar a una niña de diez años violada a parir y no darle la opción de un aborto seguro la convierten en víctima de tortura, una violación grave de derechos humanos y un crimen bajo el derecho internacional”, asegura a EL TIEMPO Guadalupe Marengo, directora adjunta para América de AI.
En el caso de países como Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Chile el aborto está totalmente penalizado y las mujeres pueden enfrentar penas de cárcel, incluso si el aborto es espontáneo.
“La vida de mi hija valía más que ese embarazo que tenía un par de semanas”, dice a este diario exaltada Rosa Hernández, madre de Esperancita, una joven dominicana que murió hace casi tres años, víctima de leucemia. El tratamiento para su enfermedad lo recibió de forma tardía, ya que los médicos no querían aplicarle quimioterapia por su embarazo.
El aborto es la tercera causa de muerte materna en este país. Por esta razón, el colectivo Mujer y Salud busca promover el debate sobre su despenalización. “Las mujeres con mayor posibilidad económica pueden acceder a un aborto medicado, al uso del Misoprostol. Es por eso que prima una doble moral que penaliza a las mujeres más pobres”, afirmó Sergia Galván, directora de la organización.
En Nicaragua, la ONG internacional Ipas Centroamérica trabaja con el objetivo de sensibilizar a los profesionales de la salud sobre guardar el secreto profesional y no denunciar las mujeres de las que sospechan se han practicado un aborto intencional. “La ley que penaliza todo tipo de aborto afecta fundamentalmente a las mujeres de bajos recursos. Es una ley discriminatoria e injusta”, asegura su directora, Marta Blandón.
En el caso de El Salvador, las penas por aborto pueden estar entre los dos y ocho años de prisión y pueden ser excarcelables, pero si la condena es por homicidio agravado (fallecimiento del feto después de las 22 semanas) la pena puede ir entre 30 y 50 años de cárcel.
Según un estudio de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en un 57 por ciento de los casos los procesamientos a mujeres por delitos relacionados con el aborto se inician por la denuncia de los centros médicos.
Dennis Muñoz, abogado de la agrupación, afirma que, a pesar de las duras condenas, hay una indiferencia política para meterse de lleno en el tema: “Se cree que no tenemos que discutir eso. Se piensa que, aparte de pecado, es delito”.
La labor de este colectivo es visibilizar las consecuencias de la penalización del aborto, aunque sus promotores son tachados de ‘pecadores’. “En el país se vive un ambiente de fundamentalismo y conservadurismo muy hegemónico”, dice Muñoz.
En Chile, a inicios de este año, la presidenta Michelle Bachelet presentó ante el Congreso el proyecto para despenalizarlo por violación, riesgo de vida de la madre y malformación fetal (como lo estipula la ley colombiana).
“Las mujeres se encuentran desprotegidas con la actual legislación, no les dan ninguna oportunidad de decidir sobre su cuerpo”, dice Claudia Dides, directora de la corporación Miles Chile.
Esta entidad ha estado en los últimos días en el ojo del huracán por una campaña en la que mujeres muestran de forma irónica cómo causar un aborto (rodando por las escaleras o arrojándose a un carro). Al final de todos ellos se lee: “En Chile, un aborto accidental es el único aborto que no es un delito. Apoya la ley y termina con la discusión”.
Dides asegura que se trata de una de las tantas campañas para sensibilizar a la población de la necesidad de despenalizar el aborto. “Más del 70 por ciento de la población está de acuerdo con las tres causales, entonces es un buen momento para lograrlo”.
En Colombia
La Corte Constitucional despenalizó hace 9 años el aborto en tres condiciones específicas: violación, riesgo para la vida o la salud de la madre y malformaciones del feto incompatibles con la vida. Sin embargo, Juan Carlos Vargas, director científico de Profamilia, asegura que aunque año tras año ha mejorado la aplicación de esta sentencia, las colombianas aún se estrellan con barreras que les impide cumplir con este derecho.
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