A los escándalos de corrupción se suma la actual reforma educativa emprendida por su Gobierno.
A la dura crisis que enfrenta el gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por la desconfianza suscitada tras varios escándalos de corrupción, se suma el desacuerdo a la ambiciosa reforma educativa que adelanta.
Esta semana, los maestros iniciaron una huelga indefinida –que afecta principalmente a los colegios públicos– y salieron, junto con estudiantes de secundaria y universidades, a protestar en contra de varios proyectos de ley que hacen parte de la reforma.
El principal objetivo de la propuesta de Bachelet es refundar el sistema educativo instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que estipuló en 1981 el traspaso de la administración de instituciones educativas desde el Ministerio de Educación a corporaciones constituidas por los principales gremios empresariales.
Miguel Echeverría, asesor del Ministerio de Educación, le dijo a EL TIEMPO que se espera “darle la vuelta a la educación pública en un país que estuvo 33 años bajo un régimen de mercado” e incluir a “los estudiantes de los sectores más vulnerables”.
Pero en ese robusto cambio estructural, el Gobierno encara una pelea desde dos frentes: el de los estudiantes universitarios y el de los docentes.
Por un lado, los alumnos se oponen principalmente a lo estipulado por Bachelet en su rendición de cuentas anual, en la que aseguró la gratuidad en la educación superior para el 60 por ciento de los jóvenes que provienen de los hogares más vulnerables, siempre y cuando pertenezcan a universidades que hagan parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), creadas antes de la reforma de 1981.
Nicolás Fernández, presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad Diego Portales y vocero de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile afirmó a este diario que gran parte de los jóvenes con mayores carencias económicas son de instituciones privadas que no están contempladas dentro del plan de gratuidad del Gobierno.
“Los estudiantes con más necesidades hacen parte del sector universitario privado, por lo que seguimos siendo los más pobres los que no vamos a tener beneficios económicos”, dijo.
“El Gobierno no está dando ningún paso hacia adelante, sino que está tratando de subsanar un problema que no sabe cómo resolver”, agregó.
Asimismo, José Joaquín Brunner, académico y exministro de Educación, afirmó que “lo que hizo la presidenta fue limitar el beneficio económico dependiendo del tipo de universidad en el que se encuentran los estudiantes, desconociendo las necesidades económicas de los alumnos”.
Es por esto que los estudiantes esperan que se les permita mayor participación. “Hasta ahora no hemos tenido ninguna instancia de un plan efectivo en el que trabajemos en conjunto con el Gobierno”, aseguró Fernández.
Por otro lado, los docentes exigen mejoras salariales y reformular las evaluaciones de desempeño que les quieren exigir.
Echeverría dijo que desde el Ministerio de Educación se ha escuchado a los maestros a través de una agenda política adelantada el año pasado. “Pese a que para nosotros no es efectivo incluir al Colegio de Profesores o a los estudiantes dentro de las decisiones que tomamos, tenemos la voluntad de tener en cuenta sus peticiones”, dijo.
Sin embargo, el exministro Brunner considera que la discusión del Gobierno y los maestros no se divide en dos bandos claros ya que Bachelet cuenta con el apoyo de los líderes del Cruch. “La presidenta le ofreció a esas universidades, además de la iniciativa de la gratuidad, un aumento de los sueldos directos que van a las instituciones dentro del presupuesto del 2016”, por lo que “ceder ante las presiones del gremio docente implica perder el apoyo de instituciones sumamente poderosas dentro del ámbito educativo”.
En su opinión, el gobierno de Bachelet “necesita reordenar la agenda educacional, estipular prioridades y aterrizar las expectativas que propuso para resolver el tema en estos tres años que le quedan”.
Por ahora, el panorama cercano perfila choques y protestas contra la mandataria, que se esfuerza por reducir los altos índices de desacuerdo a su gestión y por contener al frente estudiantil que se volverá a movilizar este miércoles.
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